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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, aprobó la noche del día 15 el nombramiento de Kim Ji-yong como primer director de la Agencia de Investigación de Delitos Graves. La designación cubre la jefatura vacante del organismo, inaugurado el día 2, apenas dos semanas después de su puesta en marcha.
La portavoz principal de la Presidencia, Kang Yu-jung, informó que Lee dio luz verde al nombramiento después de que la Asamblea Nacional aprobara el informe de la audiencia de confirmación. La decisión presidencial llegó el mismo día en que concluyó el trámite parlamentario.
Una pieza central de la reforma de la Fiscalía
La nueva agencia está encargada de investigar delitos graves y constituye uno de los pilares de la reforma del sistema fiscal impulsada por el Gobierno de Lee. Kim fue propuesto para el cargo por el ministro del Interior y Seguridad, Yun Ho-jung.
La solicitud de audiencia parlamentaria se retrasó por las objeciones surgidas dentro del bloque oficialista. Algunos sectores consideraban a Kim un fiscal cercano al expresidente Yoon Suk-yeol y advertían que su nombramiento podía significar un retroceso en la reforma. Lee ordenó entonces una revisión adicional de sus antecedentes.
Tras más de dos semanas de verificaciones, la Presidencia concluyó que las sospechas planteadas no se correspondían con los hechos. La solicitud fue remitida al Parlamento el día 1, víspera de la apertura de la agencia. La Comisión de Administración Pública y Seguridad celebró la audiencia el 14 y aprobó al día siguiente, por acuerdo entre oficialismo y oposición, el informe correspondiente.
Un informe dividido entre idoneidad y rechazo
El documento parlamentario incluyó tanto evaluaciones favorables como desfavorables. Quienes respaldaron a Kim destacaron sus explicaciones sobre las controversias, su experiencia al frente de organismos dentro de la Fiscalía y su capacidad para dirigir una institución especializada en investigaciones complejas.
Los detractores cuestionaron que hubiera firmado una declaración colectiva contra las medidas disciplinarias dirigidas al entonces fiscal general Yoon Suk-yeol. También consideraron insuficientes sus explicaciones sobre el caso de la prohibición de salida del país del exviceministro de Justicia Kim Hak-ui y sobre el proceso contra el fiscal Jeong Jin-ung por abuso de autoridad y agresión.
El sector contrario al nombramiento expresó además dudas sobre la posición de Kim ante la reorganización del sistema penal. A su juicio, poner a un antiguo fiscal al frente de la nueva agencia podría reproducir prácticas investigativas de la Fiscalía y generar interrogantes sobre su independencia, neutralidad política y capacidad para resistir presiones externas.
Divisiones en el oficialismo
Durante el proceso se opusieron legisladores del conservador Partido del Poder Popular y algunos miembros del gobernante Partido Democrático. El Partido para la Reconstrucción de Corea adoptó formalmente una postura contraria al nombramiento, al sostener que Kim se había opuesto a reducir las facultades investigativas de la Fiscalía y había participado en una declaración de fiscales vinculada al proceso disciplinario contra Yoon.
Otros miembros del Partido Democrático defendieron, en cambio, que Kim ha demostrado independencia frente al poder político. La Presidencia señaló que, pese a la diversidad de opiniones, durante la audiencia no aparecieron motivos suficientemente graves para descalificarlo.
Tras la designación, el Partido para la Reconstrucción de Corea reiteró sus reservas y anunció que vigilará si Kim cumple el compromiso de avanzar en la reforma fiscal. Dentro del Partido Democrático surgieron llamados a cerrar la controversia para evitar que la disputa amplíe las diferencias entre las fuerzas del bloque gobernante.
El desafío de poner en marcha la agencia
Kim asume con la tarea inmediata de consolidar una institución recién creada, garantizar su autonomía política y desarrollar capacidades especializadas de investigación. La agencia afronta una fuerte escasez de investigadores de nivel intermedio, mientras que todavía no comienza el proceso para contratar por concurso a policías, abogados, contadores y otros profesionales con experiencia.
Tampoco está terminado su propio sistema de información de justicia penal, conocido como KICS, ni se han definido los criterios para decidir qué casos investigará directamente y cuáles serán remitidos o solicitados a otros organismos.
Expertos citados en Corea del Sur señalaron que la nueva dirección deberá distribuir al personal según sus capacidades, acelerar las investigaciones y mostrar resultados a comienzos de año. También subrayaron que preservar la independencia frente al Gobierno y al partido gobernante será una prioridad para construir confianza pública.
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