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El presidente reivindica una reforma institucional
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, defendió el día 5 la culminación institucional de la reforma de la Fiscalía y advirtió contra cualquier intento de utilizar ese proceso para influir, por intereses particulares, en nombramientos, investigaciones o acusaciones penales.
En una publicación en X, antes Twitter, Lee afirmó que la reforma debe servir a la ciudadanía y no convertirse en el legado político de determinadas personas. También sostuvo que, en los asuntos públicos, resulta esencial distinguir entre los intereses institucionales y los privados.
El mandatario criticó además los intentos de restar valor al trabajo de otros actores para atribuirse en exclusiva los avances de la reforma. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a sectores del oficialismo que cuestionan la designación de Kim Ji-yong, exfiscal, como candidato a dirigir la futura Oficina de Investigación de Delitos Graves. La Presidencia considera que el nombramiento no presenta problemas, mientras figuras de línea dura dentro del bloque gobernante, entre ellas la gobernadora de Gyeonggi, Choo Mi-ae, han manifestado su oposición.
Separación entre investigación y acusación
Lee rechazó que el Gobierno haya retrasado deliberadamente la reforma. Para respaldar su posición, compartió un video de Woo Sang-ho, gobernador de la provincia especial autónoma de Gangwon y exsecretario presidencial de Asuntos Políticos, quien participó en la coordinación con el gobernante Partido Democrático.
Según Lee, el calendario avanzó conforme a los acuerdos entre el Ejecutivo y el partido y permitió separar por completo las funciones de investigación y acusación, además de colocar a los nuevos organismos bajo ministerios distintos. Woo señaló que la tramitación de la ley de organización gubernamental, las normas sobre las nuevas agencias y la reforma del Código de Procedimiento Penal se desarrollaron de acuerdo con el presidente del partido, Chung Chung-rae.
El mandatario también respondió a las críticas del escritor y comentarista político Rhyu Si-min, quien lo acusó de haber engañado a la ciudadanía en el debate sobre la ubicación administrativa de los organismos encargados de investigar y presentar cargos.
Dos agencias bajo ministerios diferentes
El plan gubernamental divide las actuales atribuciones en dos instituciones. La Oficina de Investigación de Delitos Graves quedará adscrita al Ministerio del Interior y Seguridad y se ocupará de casos de corrupción y delitos económicos. La Oficina de Acusación Pública dependerá del Ministerio de Justicia y asumirá la presentación y el mantenimiento de las acusaciones ante los tribunales.
Lee aseguró que la propuesta va más allá de los planteamientos iniciales, que situaban ambas entidades dentro del Ministerio de Justicia. Añadió que también quedó incorporada la exigencia de impedir que la oficina acusadora realice investigaciones complementarias. A su juicio, la separación entre investigación y acusación —eje central de la reforma— ha quedado completada incluso en ese aspecto.
Advertencia contra los sectores más radicales
En tres mensajes publicados en el plazo de un día, Lee amplió sus críticas a lo que calificó de extremismo irresponsable, tanto de izquierda como de derecha. Señaló que las proclamas agresivas y la agitación sin fundamento pueden responder al deseo de apropiarse de los resultados de una reforma, aunque no precisó qué grupos o declaraciones concretas motivaron su advertencia.
El presidente compartió asimismo un fragmento de un discurso del fallecido expresidente Roh Moo-hyun para recordar que el extremismo ha aparecido en distintos periodos históricos. Lee insistió en que la reforma debe ser un objetivo en sí mismo y no una herramienta para ganar notoriedad, exhibir pureza ideológica o atacar a otras personas.
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