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Un impuesto aplazado tres veces
El Parlamento surcoreano volvió a mostrar sus divisiones sobre la entrada en vigor, prevista para enero, del impuesto a las ganancias obtenidas con activos virtuales. El debate tuvo lugar el día 22 durante la auditoría parlamentaria al Ministerio de Economía y Finanzas.
El gravamen fue aprobado en diciembre de 2020 mediante una reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La norma clasifica los beneficios derivados de criptoactivos como otros ingresos y establece una tasa del 22% sobre las ganancias anuales que superen la deducción básica de 2,5 millones de wones. Su aplicación estaba programada inicialmente para 2022, pero fue aplazada en tres ocasiones por la falta de un sistema tributario adecuado y de mecanismos suficientes de protección a los inversionistas.
El Gobierno avanza por ahora con los procedimientos administrativos necesarios para aplicar la medida en enero. Sin embargo, representantes del sector sostienen que la infraestructura todavía no está preparada.
Divisiones políticas y dudas sobre la infraestructura
Las diferencias también atraviesan al gobernante Partido Democrático. Un sector reclama que el impuesto entre en vigor para evitar un nuevo deterioro de la coherencia de la política fiscal, mientras otro considera necesario postergarlo hasta completar la legislación y las garantías para los usuarios.
El diputado demócrata Yoon Hu-deok recordó que países como Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido ya gravan los activos virtuales y señaló que alrededor de 48 naciones cuentan con algún sistema tributario para estas operaciones. También criticó que los mismos problemas se repitan después de cada aplazamiento y advirtió que modificar repetidamente una ley aprobada por acuerdo parlamentario perjudica la confianza en las instituciones.
Su compañero de partido Ahn Do-geol sostuvo, en cambio, que algunos sectores consideran prioritario aprobar primero una ley marco sobre activos digitales. Según explicó, también existe la opinión de que el impuesto debería aplicarse cuando estén plenamente establecidos los derechos de los operadores, la protección de los usuarios y un entorno normalizado de negociación.
Oh Ki-hyoung, responsable parlamentario del oficialismo en la comisión, cuestionó que después de seis años de preparativos todavía persistan dudas. También pidió aclarar por qué el Servicio Nacional de Impuestos afirma estar listo mientras las plataformas de intercambio aseguran lo contrario.
El opositor Partido del Poder Popular se inclina por una nueva prórroga y la adoptó como posición oficial. La diputada Lim Lee-ja advirtió sobre problemas de equidad: las autoridades pueden exigir información a las plataformas nacionales, pero los intercambios extranjeros no tienen obligación de entregar historiales de operaciones a Corea del Sur. Añadió que las empresas del sector calculan que necesitarían entre seis y nueve meses para construir la infraestructura requerida por las directrices tributarias.
El vice primer ministro y ministro de Economía y Finanzas, Lee Hyoung-il, indicó que el Ejecutivo reunirá las opiniones de expertos, empresas y legisladores antes de tomar una decisión.
El oficialismo contempla una cuarta prórroga
A medida que se acerca enero, gana fuerza dentro del Partido Democrático la posibilidad de un cuarto aplazamiento. Trece diputados oficialistas presentaron el día 16 una reforma para retrasar el impuesto hasta después de 2029.
Entre los factores que pesan en la discusión figura la opinión de los jóvenes, que representan una proporción importante de quienes invierten en criptomonedas. Según el resumen de encuestas recientes citado en el debate, tanto la aprobación del Gobierno como el respaldo al Partido Democrático entre las personas de entre 20 y 39 años se mantienen en torno al 20%.
El líder demócrata Kim Min-seok afirmó en el canal de YouTube del partido que es necesario revisar las condiciones del mercado, escuchar especialmente a la juventud y comprobar si existe un sistema capaz de recaudar el impuesto. Propuso realizar una evaluación final con el ministro Lee y cerrar el asunto antes de que termine el año.
También pesa el precedente del impuesto sobre las rentas de inversiones financieras, cuya aplicación fue aplazada. Gravar únicamente los criptoactivos podría abrir una nueva controversia sobre la equidad entre distintos tipos de inversión. Dentro del oficialismo, algunas voces defienden posponer la medida y discutir más adelante, de forma conjunta, la tributación de acciones y activos virtuales. Otros sectores cercanos al Gobierno critican la demora como un aplazamiento de la lucha contra la desigualdad y reclaman mayor credibilidad en la política fiscal.
Fondos para el futuro y vivienda, otros frentes de disputa
La auditoría parlamentaria también abordó el fondo gubernamental de respuesta al futuro, dotado con 162 billones de wones. El diputado opositor Park Soo-young cuestionó que el Ejecutivo pueda gastar los recursos durante su actual mandato y afirmó que el Ministerio de Economía perdió la disputa interna frente a la autoridad presupuestaria sobre el diseño de la iniciativa.
El Partido Democrático defendió el fondo como una herramienta para crear nuevas fuentes de crecimiento. El diputado Moon Jin-seok argumentó que Corea del Sur necesita prepararse para el momento en que termine el actual auge de los semiconductores y comparó la estrategia con la de una empresa que reinvierte parte de sus beneficios en lugar de destinarlos íntegramente al pago de deuda.
La oposición también cuestionó la política inmobiliaria. El diputado Lee Jong-wook sostuvo que el sistema de autorización para transacciones de terrenos, las restricciones a los arrendadores y la tributación centrada en la residencia habitual están reduciendo la oferta de viviendas en alquiler. A su juicio, esa situación agrava la inseguridad habitacional de quienes no poseen una vivienda.
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