Imagen para ayudar a comprender el artículo
El Parlamento cuestiona la diferencia entre el sector privado y el público
El aumento de los ataques informáticos contra sistemas gubernamentales abrió un debate en la Asamblea Nacional de Corea del Sur sobre la disparidad de sanciones y responsabilidades entre empresas privadas e instituciones públicas.
Choi Hyung-doo, diputado del gobernante Partido del Poder Popular por Changwon Masanhappo e integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Información, Radiodifusión y Comunicaciones, reclamó el día 12 que ambos sectores sean evaluados bajo los mismos criterios cuando se produzcan filtraciones de datos.
Las filtraciones vinculadas a ataques informáticos
Según datos de la Comisión de Protección de Información Personal, el año pasado se notificaron 447 filtraciones de datos personales. De ellas, 276 —el 62 %— tuvieron su origen en ataques informáticos.
En el ámbito privado, SK Telecom recibió una multa de 134.791 millones de wones por la filtración de información relacionada con tarjetas SIM. También se registraron incidentes en servicios de uso masivo como la plataforma de comercio electrónico Coupang, la financiera Lotte Card y el servicio de streaming TVING.
Récord de intentos contra organismos estatales
Las estadísticas del Centro Nacional de Recursos de Información muestran que los intentos de ataque contra ministerios y organismos centrales se duplicaron: pasaron de 80.554 en 2023 a un récord de 161.208 en 2024.
El sistema informático de los tribunales permaneció expuesto durante más de dos años a un grupo atribuido a Lazarus, organización de hackers presuntamente vinculada con Corea del Norte. Los atacantes sustrajeron 1.014 gigabytes de información, mientras que la Administración Nacional de Tribunales recibió posteriormente una multa de 207 millones de wones.
Un reclamo de investigaciones transparentes
Choi sostuvo que no se puede exigir a las empresas privadas el máximo nivel de protección mientras los incidentes del sector público se explican únicamente como consecuencia de agresiones externas. El legislador pidió distinguir con rigor entre el ataque informático y las fallas de gestión, aplicar estándares comunes y garantizar investigaciones transparentes, además de exigir responsabilidades a los máximos responsables de las instituciones afectadas.
Comentarios
Publicar un comentario