Imagen para ayudar a comprender el artículo
El presidente de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales de Corea del Sur, Park Soo-keun, rechazó ante el Parlamento las críticas que describen como caótica la aplicación de la llamada “ley del sobre amarillo”. Durante la auditoría legislativa del día 16, sostuvo que esas acusaciones exageran la situación y que la norma atraviesa un proceso de consolidación.
Una reforma sobre la responsabilidad de las empresas matrices
La “ley del sobre amarillo” es el nombre con el que se conoce la reforma de los artículos 2 y 3 de la Ley de Sindicatos y Ajuste de las Relaciones Laborales. La norma obliga a negociar también a las empresas matrices que controlen o determinen de manera efectiva las condiciones laborales de trabajadores subcontratados. Además, establece que la responsabilidad por daños derivados de acciones sindicales debe evaluarse individualmente, según el grado de responsabilidad y participación de cada persona.
La Asamblea Nacional aprobó la reforma el 24 de agosto de 2025 con 181 votos a favor. Fue promulgada el 12 de septiembre de ese año y entró en vigor el 10 de marzo de 2026.
Choque político por la situación en los centros de trabajo
La comisión parlamentaria encargada de asuntos laborales examinó la aplicación de la ley junto con la Comisión Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión Económica, Social y Laboral, la Comisión del Salario Mínimo y las oficinas regionales de empleo. La discusión se concentró en los criterios para considerar empleadora a una empresa matriz y en el alcance de la negociación colectiva.
El gobernante Partido Democrático defendió que la reforma está encauzando dentro de las instituciones los conflictos entre compañías matrices y trabajadores subcontratados. El conservador Partido del Poder Popular, en cambio, afirmó que la falta de criterios claros está aumentando la confusión.
La diputada Na Kyung-won aseguró que se habían registrado 631 casos relacionados con 179.000 trabajadores y 459 empresas matrices. Park respondió que quienes cuestionan la ley están magnificando el problema. A su juicio, que los trabajadores presenten sus disputas ante los organismos competentes en lugar de trasladarlas a las calles puede considerarse coherente con el propósito de la reforma.
Según Park, los asuntos vinculados con esta ley representan solo el 2,5% del aumento del 31% registrado en los casos de la Comisión Nacional. No obstante, reconoció que podrían surgir más conflictos el próximo año si fracasan las negociaciones actualmente en curso y admitió que ninguna ley puede ser perfecta.
631 expedientes y debate sobre la imparcialidad
Desde la entrada en vigor de la norma hasta finales de agosto, la Comisión Nacional contabilizó 631 expedientes: 307 ya recibieron una decisión, 273 fueron retirados y 51 continuaban pendientes. Hasta el 28 de agosto, 155 empresas matrices habían solicitado que se determinara si reunían la condición de empleadoras. La evaluación concluyó en 151 casos.
De las 140 empresas reconocidas como empleadoras, 108 —el 77,1%— iniciaron el procedimiento para determinar qué sindicato representaría a los trabajadores en la negociación. Park destacó además que las decisiones de las comisiones laborales regionales y las de la Comisión Nacional coinciden en cerca del 90%, señal de que los criterios se mantienen de manera consistente.
La diputada Kim So-hee cuestionó que Park hubiera participado directamente en 36 de los 39 recursos revisados entre junio y julio. El funcionario explicó que la complejidad de los casos llevó a que los tres comisionados permanentes intervinieran en su resolución. Añadió que desde mediados de agosto participan también dos miembros externos, por lo que la mayor parte de las preocupaciones sobre imparcialidad ya habría sido atendida.
Los traslados de organismos públicos también pueden negociarse
La audiencia abordó asimismo el traslado y la reorganización de instituciones públicas. Park coincidió en que, cuando esas decisiones modifican de forma importante las condiciones de trabajo, sus consecuencias pueden convertirse en materia de negociación sindical. Consideró difícil que un traslado se produzca sin cambios de puesto o redistribución de personal.
El Ministerio de Empleo y Trabajo expresó una posición similar por escrito: la decisión de trasladar, fusionar o reorganizar una institución pública no constituye por sí misma un asunto de negociación obligatoria, pero sí pueden negociarse los criterios y procedimientos de reasignación, así como las ayudas relacionadas con el traslado, cuando sea objetivamente previsible una alteración de las condiciones laborales.
Park evitó ofrecer una respuesta general sobre si el Gobierno debe ser considerado empleador de los trabajadores de instituciones públicas y señaló que la evaluación dependerá de cada caso.
La aplicación de la reforma ya había dominado otra auditoría parlamentaria celebrada el día 13. En esa sesión se indicó que, hasta septiembre, las jornadas laborales perdidas alcanzaban 489.190, por encima de las 394.000 registradas durante todo el año anterior.
Comentarios
Publicar un comentario