Corea del Sur impulsa a sus funcionarios a crear herramientas con IA: las lecciones para el mundo hispanohablante
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De utilizar programas a diseñar soluciones para la administración
La próxima transformación digital de una oficina pública podría empezar no en una gran empresa tecnológica, sino en el escritorio de quien conoce las dificultades de un trámite. Esa es la apuesta de Corea del Sur: ampliar el apoyo a los funcionarios que utilizan inteligencia artificial para crear sus propias herramientas de trabajo. El objetivo no consiste únicamente en incorporar nuevos programas, sino en permitir que los empleados identifiquen problemas cotidianos y participen directamente en la construcción de soluciones.
El Ministerio del Interior y Seguridad, responsable de áreas como la administración y la innovación gubernamental, presentó el día 8 ante el Consejo de Ministros una propuesta que combina incentivos profesionales, formación y ampliación de la infraestructura disponible. Su núcleo es el llamado Laboratorio de Gobierno con IA, un entorno donde los funcionarios pueden desarrollar prototipos mediante herramientas de programación asistida por inteligencia artificial, datos abiertos e interfaces públicas de conexión entre sistemas.
Para los lectores de América Latina y España, la iniciativa permite mirar a Corea más allá de sus exportaciones culturales. El país que buena parte del público conoce por el K-pop, las series y el cine también ofrece un caso para examinar cómo cambia el trabajo dentro del Estado. La pregunta resulta familiar a ambos lados del Atlántico: ¿puede la tecnología reducir las dificultades de la burocracia sin comprometer la seguridad, los derechos ciudadanos ni la continuidad del servicio?
El conocimiento del trámite entra en el desarrollo tecnológico
La propuesta parte de una diferencia importante entre utilizar inteligencia artificial y crear herramientas con su ayuda. En el primer caso, un funcionario puede recurrir a una aplicación ya terminada. En el segundo, participa en el diseño de un programa ajustado a una necesidad concreta de su oficina. Las herramientas de programación asistida permiten generar o modificar código a partir de instrucciones, aunque el resultado todavía requiere revisión y pruebas.
Esto no significa que cualquier empleado pase a ser especialista en ingeniería de software, ni que desaparezca la necesidad de equipos técnicos. La novedad está en incorporar antes y de manera más directa a quien conoce el procedimiento administrativo. Una herramienta puede ser técnicamente sofisticada y, aun así, no resolver el obstáculo que retrasa un expediente. El enfoque surcoreano busca acercar ese conocimiento práctico al proceso de desarrollo.
Entre los materiales disponibles figuran los datos abiertos y las API públicas. Una API es una interfaz que permite que distintos programas intercambien datos o utilicen funciones de otro sistema. Para entenderlo desde una experiencia cotidiana, puede imaginarse como una ventanilla digital con reglas definidas: un programa solicita una información y otro responde en un formato que puede procesarse. Que esa conexión exista, sin embargo, no elimina los requisitos de acceso ni autoriza el uso indiscriminado de información personal.
El alcance de la política, por tanto, no se limita a enseñar a escribir instrucciones para una IA. También implica organizar los recursos necesarios para que una idea pueda convertirse en un prototipo y, después de ser evaluada, en una herramienta utilizable. Esa distancia entre una demostración que funciona y un servicio confiable es uno de los puntos centrales del proyecto.
Incentivos para las personas y responsabilidades para las instituciones
El ministerio plantea ampliar los incentivos asociados a resultados de innovación administrativa con IA. Entre ellos figuran recompensas económicas especiales por desempeño y apoyo para formación y aprendizaje. También prevé conceder puntuación adicional a personas con competencias avanzadas en inteligencia artificial dentro de una evaluación específica de méritos para la promoción anticipada al grado 5, en el ámbito del talento científico y tecnológico avanzado.
La referencia al grado 5 pertenece al sistema de carrera funcionarial de Corea del Sur y no debe trasladarse automáticamente a una categoría de la administración española o latinoamericana. Lo relevante es que determinadas capacidades y resultados podrán influir en una vía concreta de evaluación profesional. No se ha anunciado un ascenso automático por utilizar una herramienta de IA ni una recompensa general por producir código.
El diseño también contempla ampliar el componente de transformación con IA en las evaluaciones de innovación de los ministerios. Esto introduce una segunda capa de responsabilidad: no bastaría con tener empleados entusiastas si las instituciones no facilitan el trabajo. Un prototipo puede quedar reducido a una iniciativa individual cuando no hay tiempo, recursos o criterios para adoptarlo. Evaluar a la organización pretende dar respaldo a ese esfuerzo.
El equilibrio será importante. Premiar solamente la cantidad de proyectos podría favorecer herramientas llamativas pero poco útiles; reconocer únicamente el trabajo individual podría dejar en segundo plano su documentación y adaptación para otras oficinas. La combinación anunciada intenta vincular la iniciativa del funcionario con la capacidad institucional de aprovecharla. Su efectividad dependerá de cómo se apliquen esos criterios.
Más de dos mil participantes, pero todavía sin una medida global del impacto
Según los datos ministeriales, al día 3 del mes del anuncio el Laboratorio de Gobierno con IA contaba con 2.073 participantes y 770 proyectos registrados. De estos, 376 estaban publicados para que otros funcionarios pudieran utilizarlos. Las cifras muestran actividad de desarrollo y una base para compartir experiencias, pero no equivalen a un balance de servicios públicos ya transformados.
La distinción es esencial: un proyecto registrado no es necesariamente una aplicación terminada, y un prototipo compartido no demuestra por sí mismo que haya sido incorporado a un procedimiento real. La información difundida no incluye una tasa general de adopción ni una medición agregada del tiempo ahorrado. Tampoco permite concluir cuánto ha mejorado la experiencia de los ciudadanos.
El potencial de compartir reside en evitar que cada organismo tenga que resolver desde cero problemas parecidos. Si una oficina encuentra una solución aprovechable, otra podría examinarla y adaptarla, siempre que sus procesos y requisitos lo permitan. La utilidad pública no estaría únicamente en producir más herramientas, sino en hacer circular conocimiento que de otro modo quedaría concentrado en una dependencia.
El siguiente paso para evaluar la iniciativa será observar qué proyectos superan las pruebas, cuántos se mantienen en uso y qué problema administrativo resuelven. Para una persona que espera una respuesta del Estado, la diferencia relevante no es el número de prototipos disponibles, sino si el trámite resulta más claro, confiable y sencillo.
Los obstáculos menos vistosos: suscripciones, seguridad y datos
Una encuesta entre 244 participantes del laboratorio muestra que la motivación individual no basta. El 68% señaló carencias en el entorno de desarrollo o en los recursos para suscripciones; el 59% identificó dificultades para aplicar las directrices de seguridad, y el 40% mencionó problemas de conexión entre datos. Son respuestas de ese grupo de participantes, no una estadística representativa de todo el funcionariado surcoreano.
Aun con esa limitación, los resultados ayudan a identificar dónde puede atascarse la propuesta. Un empleado necesita acceso a herramientas adecuadas y condiciones para utilizarlas de manera sostenida. También debe saber qué información puede introducir en un servicio de IA, qué controles corresponden y cómo comprobar que el programa generado no incorpora vulnerabilidades.
La conexión de datos plantea otro problema. Conseguir que un prototipo ejecute una función no significa que pueda acceder de forma autorizada y estable a los registros que necesita. Los formatos, los permisos y las condiciones de uso pueden limitar su aplicación. Por eso, la política no puede juzgarse solo por la calidad de las herramientas de programación: necesita una base administrativa y técnica que permita utilizarlas.
El ministerio prevé impulsar durante el segundo semestre del año del anuncio directrices para el desarrollo directo de herramientas con IA por parte de los funcionarios y para la gestión de sus resultados. También proyecta criterios de revisión sobre vulnerabilidades del software y protección de datos personales. Se trata de medidas previstas para ordenar su adopción, no de la comunicación de un incidente de seguridad.
Qué significa para España: una referencia, no un modelo listo para importar
En España, el interés de esta experiencia está en cómo organiza la relación entre empleados públicos, responsables tecnológicos y proveedores. No hay en la información disponible un acuerdo con instituciones españolas, una inversión anunciada para ese mercado ni un programa bilateral de transferencia. La conexión es, por ahora, analítica: Corea ofrece un caso para discutir quién detecta las necesidades digitales de una administración y quién asume la responsabilidad de resolverlas.
Para el público español, el criterio más útil sería valorar cualquier iniciativa semejante desde la experiencia del trámite. Una herramienta interna solo tiene sentido si ayuda a prestar un mejor servicio sin introducir errores ni nuevas barreras. Facilitar el desarrollo a quienes conocen el procedimiento puede aportar valor, pero no sustituye las obligaciones de accesibilidad, protección de datos y supervisión que correspondan en cada caso.
Las empresas españolas de software, formación y servicios tecnológicos también pueden encontrar una cuestión estratégica en este enfoque. Si los empleados públicos participan más en la creación de prototipos, el trabajo especializado podría centrarse en mayor medida en verificar, integrar, mantener y ampliar esas soluciones. Es una posible implicación del modelo, no una demanda comercial confirmada por el anuncio coreano.
La relación con Corea podría enriquecerse con intercambios sobre evaluación, capacitación y gestión de riesgos, si las instituciones interesadas decidieran promoverlos. Antes de presentar el laboratorio como ejemplo exportable, convendría conocer sus resultados de uso y sus costos de mantenimiento. Lo transferible quizá no sea una aplicación concreta, sino una forma de repartir tareas entre quien conoce el problema y quien garantiza que la solución sea segura.
América Latina y el fandom: ampliar la conversación sobre Corea
Para América Latina, tampoco corresponde hablar de un único mercado ni de una administración homogénea. Los recursos, las estructuras institucionales y las condiciones de contratación varían entre países y entre niveles de gobierno. La propuesta surcoreana sirve como referencia para formular preguntas, pero no demuestra que el mismo esquema pueda reproducirse sin cambios en un ministerio, una municipalidad o una gobernación de la región.
La encuesta del laboratorio aporta una advertencia pertinente para cualquier eventual adaptación: incluso cuando existen personas dispuestas a experimentar, hacen falta herramientas, reglas y acceso a datos. Una capacitación aislada no resuelve esas condiciones. Antes de adoptar un programa similar, una institución tendría que identificar problemas concretos, recursos disponibles y responsabilidades de mantenimiento, en lugar de limitarse a promover el uso genérico de la IA.
Para las empresas latinoamericanas, la iniciativa invita a observar el espacio entre el prototipo y su funcionamiento cotidiano. La integración con sistemas existentes, la revisión de seguridad, la formación y el soporte podrían adquirir relevancia en modelos semejantes. Sin embargo, la noticia no identifica contratos para compañías de la región ni anuncia la apertura de un mercado de proveedores. Presentarla como una oportunidad comercial ya materializada sería ir más allá de los hechos.
La audiencia de la Ola Coreana aporta otra conexión. La Hallyu, término que describe la expansión internacional de la cultura popular surcoreana, suele acercar al público a Corea mediante artistas, producciones audiovisuales y comunidades de seguidores. Este caso amplía esa mirada hacia las instituciones y el trabajo público. No existe en el anuncio una participación específica del fandom; su interés está en conocer una dimensión del país distinta de la que aparece en escenarios y pantallas.
Escalar el laboratorio sin confundir capacidad con resultados
La ampliación prevista es considerable. El ministerio quiere pasar de una capacidad aproximada de 200 usuarios simultáneos a 6.000 el próximo año. Además, fija para 2030 la meta de formar a 20.000 profesionales capaces de desarrollar herramientas propias con IA y aplicarlas en el trabajo. Ambos datos describen objetivos futuros, no capacidades ya alcanzadas.
También conviene separar los indicadores. Los 2.073 participantes contabilizados representan personas vinculadas al laboratorio; la capacidad simultánea indica cuántas pueden utilizarlo al mismo tiempo. Aumentar esta última facilita el acceso, pero no garantiza que todos los usuarios completen proyectos ni que los programas resultantes sean adecuados para una aplicación real.
El plan incluye formación en liderazgo de IA para responsables de dirección y de departamento, así como un concurso de transformación pública con inteligencia artificial previsto para noviembre. La capacitación de mandos aborda una condición organizativa: quienes autorizan recursos y evalúan resultados necesitan comprender tanto las posibilidades como los límites de las herramientas que sus equipos están creando.
La prueba decisiva será institucional
El ministro Yun Ho-jung resumió el reparto de responsabilidades propuesto: respaldar la experimentación de los funcionarios, pero hacer que la organización se encargue de la seguridad, la calidad y la operación cuando llegue el momento de aplicar los resultados. También señaló que los desarrollos verificados deberían poder compartirse entre organismos. La intención es evitar que quien construye un prototipo quede, por ese solo hecho, a cargo de sostener un servicio.
Esa separación contiene la parte más relevante del anuncio. Experimentar permite explorar soluciones; operar una herramienta pública exige continuidad, controles y responsables identificables. Un programa que funciona en una prueba puede necesitar ajustes, actualizaciones y apoyo técnico durante mucho tiempo. La innovación no termina cuando aparece la primera versión.
Para España y América Latina, el caso surcoreano merece seguimiento precisamente por esa combinación de iniciativa individual y responsabilidad institucional. Lo que habrá que observar no es solo cuántos funcionarios aprenden a crear programas, sino cuántas soluciones verificadas llegan al trabajo cotidiano, con qué recursos se sostienen y qué beneficios producen. Corea del Sur está preparando condiciones para ese salto; todavía no ha demostrado, con los datos disponibles, su impacto general en la administración.
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