Gobierno de Lee Jae-myung Impulsa Abolición del Abuso de Confianza: Reforma Legal que Podría Transformar Relaciones Estado-Chaebols en Corea del Sur
El líder del Partido Democrático de Corea del Sur, Lee Jae-myung, anunció el 28 de septiembre de 2024 una iniciativa legislativa ambiciosa para abolir o reformar sustancialmente el artículo 355-2 del Código Penal coreano, conocido como "abuso de confianza" (breach of trust), que ha sido utilizado durante décadas para procesar a ejecutivos de chaebols (conglomerados empresariales familiares como Samsung, Hyundai, LG, SK) por decisiones corporativas que supuestamente beneficiaron a miembros de familias controladoras a expensas de accionistas minoritarios. Esta propuesta, presentada formalmente ante la Asamblea Nacional el 2 de octubre donde el Partido Democrático controla 169 de 300 escaños (mayoría cómoda), ha generado controversia intensa dividida principalmente por líneas ideológicas: progresistas argumentan que la ley de abuso de confianza es aplicada selectivamente contra líderes de oposición y activistas laborales mientras protege a élites empresariales mediante aplicación laxa, mientras conservadores contraargumentan que abolir esta herramienta legal eliminaría uno de los pocos mecanismos efectivos para responsabilizar a ejecutivos de chaebols por mala conducta corporativa sistemática.
Contexto Legal: Qué es "Abuso de Confianza" y Cómo se Aplica en Corea del Sur
El concepto legal de "abuso de confianza" (breach of trust, o 背任罪 en caracteres sino-coreanos) deriva del derecho civil alemán y fue incorporado al Código Penal de Corea del Sur durante reformas de 1953 basadas en modelos jurídicos de Japón (que a su vez adoptó sistemas legales continentales europeos durante la era Meiji). El artículo 355-2 establece que cualquier persona en posición de gestionar asuntos financieros de otros (esto incluye ejecutivos corporativos, funcionarios públicos, síndicos de bancarrotas, abogados que manejan fondos de clientes) que cause daño a los intereses de aquellos a quienes debe lealtad mediante actos que violen sus deberes fiduciarios puede ser condenada a hasta 10 años de prisión y multas equivalentes al doble del daño causado. La aplicación de esta ley en contexto corporativo ha sido particularmente controvertida: fiscales pueden procesar a CEOs y directores por decisiones de negocio que ex post resultaron en pérdidas para accionistas, incluso si dichas decisiones fueron tomadas con buena fe y asesoramiento de expertos en el momento, siempre que fiscales puedan demostrar que el ejecutivo "debería haber sabido" que la decisión era desfavorable para los intereses corporativos.
Esta doctrina legal, conocida como "responsabilidad penal por decisiones de negocio", es inusualmente amplia comparada con jurisdicciones anglosajonas donde "business judgment rule" protege a directores de responsabilidad civil o penal por decisiones que resultaron perjudiciales siempre que hayan actuado informadamente, sin conflictos de interés, y con creencia razonable de que actuaban en el mejor interés de la corporación. En Estados Unidos o Reino Unido, accionistas perjudicados típicamente buscan remedios civiles (demandas colectivas, demandas derivadas en nombre de la corporación) en lugar de procesos penales, y fiscales solo intervienen en casos de fraude explícito o malversación. En Corea del Sur, por contraste, fiscales tienen discreción amplia para criminalizar decisiones de negocio bajo teoría de que ejecutivos de chaebols (que frecuentemente son miembros de familias controladoras con participaciones minoritarias pero control efectivo mediante estructuras piramidales) toman decisiones que benefician sus intereses personales/familiares a expensas de accionistas minoritarios, empleados, y el interés público. Para audiencias latinoamericanas, esta dinámica es comparable a debates sobre responsabilidad de ejecutivos en grandes corporaciones familiares (Grupo Carso en México, Grupo Votorantim en Brasil, Grupo Techint en Argentina) donde familias controladoras mantienen poder desproporcionado mediante estructuras de control complejas.
Casos Emblemáticos: Lee Jae-myung y Otros Líderes Procesados Bajo Abuso de Confianza
La motivación personal de Lee Jae-myung para impulsar abolición de abuso de confianza está directamente relacionada con sus propios problemas legales: Lee enfrenta múltiples casos penales, incluyendo cargos de abuso de confianza relacionados con proyectos de desarrollo urbano durante su período como alcalde de Seongnam (2010-2018) donde fiscales alegan que Lee otorgó permisos de desarrollo preferenciales a empresas privadas en intercambio por contribuciones políticas y beneficios personales. Lee ha negado sistemáticamente estas acusaciones, argumentando que decisiones tomadas como alcalde fueron ejercicio legítimo de discreción administrativa basada en asesoramiento de expertos y aprobadas por consejos municipales electos, y que fiscales están "criminalizando política ordinaria" mediante interpretación expansiva de abuso de confianza. El primer juicio de Lee (de cuatro casos penales paralelos) está programado para noviembre de 2024, y una condena podría descalificarlo de competir en elecciones presidenciales de 2027, creando incentivos políticos obvios para que Lee busque reformar o abolir la ley antes de que su caso llegue a veredicto.
Sin embargo, Lee no es el único líder político o empresarial de alto perfil procesado bajo abuso de confianza, y esta historia de aplicación amplia proporciona contexto para su propuesta de reforma. Lee Myung-bak, presidente conservador de Corea del Sur durante 2008-2013, fue condenado en 2018 a 15 años de prisión (posteriormente reducidos a 17 años en apelación) por cargos que incluían abuso de confianza relacionado con el uso de fondos de inteligencia presidencial para pagos políticos no autorizados y beneficiar empresas de su familia mediante contratos gubernamentales preferenciales. Park Geun-hye, presidenta durante 2013-2017, fue condenada a 20 años (posteriormente reducidos a 20 años mediante indulto parcial) por cargos que incluían abuso de confianza al presionar a chaebols para que donaran $70 millones a fundaciones controladas por su confidente Choi Soon-sil. Estos casos presidenciales demuestran que abuso de confianza es aplicado a través de líneas ideológicas, afectando tanto a líderes conservadores como progresistas, aunque progresistas argumentan que aplicación contra ejecutivos de chaebols es significativamente más laxa.
Casos de Chaebols: Samsung como Ejemplo Paradigmático
En el contexto de chaebols, el caso más emblemático de abuso de confianza involucra a Lee Jae-yong (heredero de Samsung, sin relación familiar con Lee Jae-myung el líder del Partido Democrático), quien fue condenado inicialmente en 2017 a cinco años de prisión por abuso de confianza y soborno relacionados con la fusión de Samsung C&T y Cheil Industries en 2015, transacción que fortaleció el control de Lee Jae-yong sobre el conglomerado Samsung pero supuestamente perjudicó a accionistas minoritarios de Samsung C&T al infravalorar las acciones de esa compañía. Lee Jae-yong cumplió 18 meses en prisión antes de ser liberado en apelación con sentencia suspendida, y posteriormente recibió indulto presidencial en 2022 bajo justificación de que su encarcelamiento prolongado era "perjudicial para la economía nacional" dado el rol central de Samsung (20% del PIB de Corea del Sur). Este caso ilustra tensión central en debates sobre abuso de confianza: ¿deben ejecutivos de chaebols que controlan corporaciones críticas para economía nacional estar sujetos a procesos penales por decisiones de negocio, incluso si esas decisiones benefician sus intereses familiares y perjudican a accionistas minoritarios?
Argumentos a Favor de la Reforma: Perspectiva Progresista del Partido Democrático
Lee Jae-myung y el Partido Democrático presentan cinco argumentos principales para justificar abolición o reforma sustancial de abuso de confianza. Primero, "aplicación selectiva y politizada": estadísticas compiladas por el partido muestran que entre 2010-2023, fiscales procesaron 2,847 casos de abuso de confianza, de los cuales 1,923 (67.5%) involucraron a funcionarios públicos electos, líderes laborales, o activistas de la sociedad civil, mientras solo 924 (32.5%) involucraron a ejecutivos de chaebols o grandes corporaciones, a pesar de que el valor monetario agregado de supuesto daño en casos corporativos ($47 mil millones) fue 15 veces superior al de casos políticos ($3.1 mil millones). Esta disparidad, argumenta el PD, demuestra que fiscales (que en Corea del Sur gozan de independencia institucional pero están afiliados ideológicamente con establishment conservador) utilizan abuso de confianza como herramienta para perseguir enemigos políticos mientras protegen intereses de chaebols mediante no-procesamiento discrecional.
Segundo, "criminalización excesiva de decisiones de negocio legítimas": el PD argumenta que amenaza de procesos penales por abuso de confianza genera "parálisis de decisión" donde ejecutivos evitan decisiones arriesgadas pero potencialmente beneficiosas por temor a ser procesados ex post si decisiones resultan perjudiciales, reduciendo innovación empresarial y competitividad global de empresas coreanas. Tercero, "estándares vagos e impredecibles": la definición legal de "violar deberes fiduciarios" es suficientemente amplia que abogados no pueden predecir confiablemente qué conducta constituye delito, violando principios de certeza legal y permitiendo que fiscales "descubran" delitos retrospectivamente en decisiones que parecían legales cuando fueron tomadas. Cuarto, "redundancia con remedios civiles": accionistas perjudicados por mala conducta ejecutiva tienen acceso a demandas civiles que pueden resultar en compensación monetaria y remoción de directores incompetentes, haciendo innecesaria criminalización que impone costos sociales adicionales (encarcelamiento, estigma, recursos judiciales). Quinto, "divergencia con prácticas internacionales": la mayoría de economías avanzadas (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón) no criminalizan decisiones de negocio ordinarias incluso si resultan en pérdidas para accionistas, y Corea del Sur debería alinear su sistema legal con estándares internacionales para atraer inversión extranjera y mejorar gobernanza corporativa.
Argumentos en Contra: Perspectiva Conservadora y Grupos de Reforma Corporativa
El gobierno conservador del presidente Yoon Suk-yeol y el Partido del Poder Popular rechazan enfáticamente la propuesta de abolir abuso de confianza, presentando contraargumentos estructurados en cuatro dimensiones. Primero, "abuso de confianza es herramienta esencial para controlar chaebols": dado que estructuras de gobernanza corporativa de chaebols permiten que familias controladoras con participaciones minoritarias (típicamente 5-15% de acciones) ejerzan control efectivo mediante complejas estructuras piramidales de participaciones cruzadas, accionistas minoritarios tienen poder limitado para responsabilizar a ejecutivos mediante mecanismos corporativos ordinarios (votos de accionistas, demandas derivadas). En este contexto, amenaza de procesos penales por abuso de confianza es uno de los pocos contrapesos efectivos contra mala conducta de élites de chaebols. Segundo, "reforma beneficiaría principalmente a Lee Jae-myung": el timing de la propuesta (justo antes del juicio de Lee en noviembre 2024) y el hecho de que Lee personalmente se beneficiaría de abolición sugieren que motivación es interés personal político en lugar de reforma sistémica de buena fe.
Tercero, "eliminación de abuso de confianza generaría impunidad corporativa": en ausencia de responsabilidad penal, ejecutivos de chaebols tendrían incentivos incrementados para tomar decisiones que beneficien familias controladoras a expensas de accionistas minoritarios, sabiendo que peor consecuencia sería demanda civil con compensación monetaria (que frecuentemente es absorbida por corporaciones mediante cláusulas de indemnización en contratos ejecutivos). Cuarto, "problema es aplicación desigual, no la ley misma": si preocupación del PD es que fiscales procesan selectivamente a políticos progresistas mientras protegen a chaebols, solución apropiada es reformar fiscalía para garantizar independencia política genuina y aplicación uniforme de leyes, no abolir herramienta legal que tiene usos legítimos cuando se aplica apropiadamente. Grupos de reforma de gobernanza corporativa (PSPD - People's Solidarity for Participatory Democracy, Citizens' Coalition for Economic Justice) que históricamente han sido aliados del Partido Democrático en campañas anti-chaebol se oponen sorprendentemente a la propuesta de Lee, argumentando que sería "regalo a Samsung, Hyundai, y otras élites corporativas" que debilitaría responsabilidad corporativa justo cuando Corea necesita fortalecer protecciones para accionistas minoritarios.
Propuestas de Reforma Alternativas: Posiciones Intermedias
Reconociendo polarización extrema del debate entre abolición completa (posición del PD) y mantención del status quo (posición del gobierno), varios académicos legales y think tanks han propuesto reformas intermedias que abordarían preocupaciones legítimas sobre aplicación selectiva mientras preservan responsabilidad penal para casos de mala conducta corporativa egregios. Una propuesta, desarrollada por la Asociación Coreana de Derecho Corporativo, establecería "estándares objetivos" para procesos de abuso de confianza que requerirían que fiscales demuestren: (1) el ejecutivo actuó con conocimiento de que la decisión era contraria a intereses corporativos; (2) el ejecutivo obtuvo beneficio personal cuantificable de la decisión; (3) el daño a la corporación excedió umbral significativo (propuesto como 5% de activos netos o $50 millones, lo que sea menor); (4) la decisión no fue aprobada por directores independientes desinteresados después de divulgación completa de conflictos de interés.
Estos estándares objetivos reemplazarían la prueba actual de "debería haber sabido" que permite procesar a ejecutivos por negligencia con estándar de prueba subjetivo que es difícil de defender. Una segunda propuesta, del Instituto de Desarrollo de Corea (think tank gubernamental), mantendría abuso de confianza pero transferiría autoridad de procesamiento de fiscales a un "Comité de Revisión de Gobernanza Corporativa" independiente compuesto por jueces retirados, expertos en derecho corporativo, y representantes de accionistas minoritarios. Este comité revisaría casos propuestos de abuso de confianza y aprobaría procesos solo si determinara que evidencia satisface estándares rigurosos, reduciendo discreción de fiscales y riesgo de procesamiento politizado. Una tercera propuesta, del Partido Justicia (tercer partido con 6 escaños parlamentarios), establecería sentencias alternativas que reemplacen encarcelamiento con órdenes de restitución, prohibiciones de servir como ejecutivos por períodos definidos, y servicio comunitario, reconociendo que encarcelar a líderes empresariales es costoso para economía mientras preservando accountability mediante sanciones civiles/administrativas.
Contexto Comparativo: Cómo Otras Jurisdicciones Manejan Responsabilidad Ejecutiva
Para evaluar méritos de la propuesta de Lee, es útil examinar cómo otras jurisdicciones avanzadas manejan responsabilidad de ejecutivos corporativos por decisiones que perjudican a accionistas. En Estados Unidos, "business judgment rule" protege a directores de responsabilidad civil y penal por decisiones informadas, desinteresadas, y tomadas con creencia de buena fe de que servían al mejor interés corporativo. Accionistas que alegan mala conducta deben superar esta presunción mediante evidencia de fraude, conflictos de interés no divulgados, o negligencia extrema (gross negligence). Procesos penales contra ejecutivos son raros y típicamente limitados a fraude explícito (caso Enron/WorldCom) o violaciones de leyes de valores (insider trading, manipulación de mercado). Este sistema ha sido criticado por generar impunidad excesiva (crisis financiera de 2008 donde ejecutivos bancarios evitaron procesos penales a pesar de toma de riesgos irresponsable) pero defensores argumentan que permite innovación empresarial al reducir litigiosidad paralizante.
En Reino Unido, responsabilidad de directores es principalmente civil bajo Companies Act 2006, que establece deberes fiduciarios codificados (actuar dentro de poderes, promover éxito de compañía, ejercer juicio independiente, cuidado y habilidad razonable) con remedios civiles para violaciones incluyendo compensación monetaria y descalificación de servir como director. Procesos penales bajo Fraud Act 2006 requieren prueba de deshonestidad intencional, estándar mucho más alto que negligencia o juicio de negocio deficiente. Alemania tiene sistema dual de responsabilidad donde directores enfrentan responsabilidad civil bajo Stock Corporation Act (AktG) por violaciones de deberes de cuidado, pero responsabilidad penal bajo Criminal Code (StGB) solo por untreue (infidelidad) que requiere prueba de daño intencional a intereses corporativos para beneficio personal. Japón, sistema legal más comparable a Corea dado origen común en derecho continental europeo, reformó su código penal en 2006 para limitar procesos de breach of trust (背任罪) a casos con evidencia clara de beneficio personal para ejecutivo y daño significativo a corporación, reconociendo que aplicación expansiva previa había generado parálisis de decisión en empresas japonesas.
Pronóstico Legislativo: Probabilidad de Aprobación y Versión Final
Evaluando balance de fuerzas políticas en Asamblea Nacional, probabilidad de que propuesta original del Partido Democrático (abolición completa de abuso de confianza) sea aprobada es baja (<20%) debido a oposición de gobierno, grupos de reforma corporativa, y algunos miembros moderados del propio PD que temen repercusiones políticas de ser percibidos como "protegiendo a Lee Jae-myung". Sin embargo, probabilidad de que alguna versión de reforma sea aprobada es moderada (50-60%) dado que el PD controla mayoría parlamentaria y puede negociar compromisos con partidos menores (Partido Justicia, que tiene posición intermedia) para alcanzar 151 votos necesarios para aprobar legislación ordinaria. Versión más probable de reforma establecería estándares objetivos para procesos de abuso de confianza que requerirían prueba de beneficio personal y conocimiento de daño, reduciendo discreción de fiscales mientras preservando responsabilidad penal para casos egregios de mala conducta corporativa.
Timing de votación es crítico dado juicio de Lee programado para noviembre: el PD intentará aprobar reforma antes de ese mes para que nueva ley pueda aplicarse retroactivamente a casos pendientes (principio legal controvertido que requeriría interpretación de Corte Constitucional), mientras gobierno buscará retrasar votación mediante procedimientos parlamentarios hasta después del veredicto de Lee, esperando que condena debilite su posición política y haga reforma menos viable. Si Lee es absuelto en noviembre, presión política para reforma disminuirá significativamente dado que motivación personal de Lee desaparecería; si es condenado, PD probablemente intensificará esfuerzos de aprobación argumentando que condena demuestra aplicación politizada de abuso de confianza que reforma busca corregir. Este escenario de reforma legal entrelazada con procedimientos judiciales en curso contra líder político principal genera incertidumbre constitucional y tensiones entre poderes (legislativo vs judicial) que podrían requerir intervención de Corte Constitucional para determinar si reforma retroactiva es constitucionalmente permisible.
Artículo original en coreano: Trendy News Korea
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